Consecuencias de la pérdida de inviolabilidad por el Rey Don Juan Carlos

Mucho se ha hablado al respecto de la abdicación del Rey Don Juan Carlos, desde que este decidiera comunicar la noticia al Presidente del Gobierno y éste, a su vez, lo hiciera público en una comunicación a la prensa. Decimos que se ha hablado «mucho» sobre la abdicación y, a nuestro parecer menos, o con menor rigor, sobre los efectos jurídico procesales que supone dicha figura para quien fuera monarca. Decimos esto, no sin falta de justificación puesto que, en la época moderna, no existe fenómeno jurídico con un precedente semejante en nuestro país.

 

Centrando el objeto de esta publicación, pasaremos a detenernos en esa tan en boga institución de la «inviolabilidad», que la Constitución Española reconoce al Rey de España en su artículo 56.3, y en los efectos que supone que el que fuera monarca y gozase de  dicha institución haya abdicado la Corona.

En una primera aproximación, puede definirse la inviolabilidad del Rey como una figura que comporta que su persona no pueda ser sometida a ningún procedimiento judicial -ya penal, civil, laboral o administrativo- debiendo completarse su previsión con la alusión que el artículo efectúa en orden a la «irresponsabilidad» del mismo.

La evolución histórica de la inviolabilidad, como modalidad de aforamiento, como así tiene reconocida unánimemente nuestra doctrina, es el resultado histórico y evolutivo de los tiempos sin que, tal y como señalan Juan Luis Gómez Colomer e Iñaki Esparza Leibar en su obra «Tratado Jurisprudencial de aforamientos procesales» haya sido unánime y acertado el tratamiento terminológico de figuras tales como: inmunidad, inviolabilidad, irresponsabilidad y privilegios de altas autoridades, cargos y funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones».

Orillando este escollo terminológico -aunque también lo es conceptual- podemos sostener que la inviolabilidad es, en el análisis procesal, un privilegio procesal que reconoce a su beneficiario la situación de no poder ser sometido a ningún procedimiento que se dirija en su contra; tal y como advertíamos anteriormente, en ninguno de los órdenes procesales. En este sentido, conviene indicar que, una de las particularidades que además confiere la inviolabilidad real comprende que ésta no se supedite al ejercicio de las funciones del titular de la Corona. En otras palabras, y como sostiene el Dr. Francisco José Bastida Freijedo -Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo- la inviolabilidad aquí estudiada alcanza al Rey incluso cuando éste no actúa como Jefe del Estado -«La inviolabilidad del Rey y las interceptaciones ocasionales», Amicus Curiae 2012 – Il presidente intercettato, p. 2», a diferencia de lo que pasa en la Carta Magna Italia.

Haciendo nuestra la definición otorgada por los autores antes referidos -Gómez y Esparza- la inviolabilidad supone «una excepción absoluta al régimen jurídico general de responsabilidad, ya que el parlamentario así protegido no responde de sus actos, lo que debería hacer conforme al art. 9.1 CE». Es en estos términos que el concepto «excepción absoluta» cobra sentido puesto que puede sostenerse que el Rey, en tanto que símbolo de la unidad del Estado, no responderá por los actos llevados a cabo como tal y frente a los cuales le viene atribuida facultad por mandato constitucional -éstos los refrendará el Jefe del Gobierno y será él quien responda-, pero tampoco responderá por los actos particulares que lleve a cabo; entiéndase, fuera de la consideración que deriva de la Corona.

Es precisamente en este último punto donde queremos detenernos; en las consecuencias jurídico procesales del levantamiento de la inviolabilidad en lo tocante a los actos realizados al margen de la Jefatura del Estado. Y ello porque, a diferencia de lo que sostienen algunos autores, que señalan que el Rey, durante el tiempo que ostenta dicho cargo «no puede cometer delito alguno», se hace evidente que, como adelantábamos, se incurre en una imprecisión terminológica. Más ajustado sería señalar que aún en el caso de que cometiera un ilícito penal, no respondería por él. Esta, en sí misma, es la esencia de la inviolabilidad: que no podrá dirigirse ningún procedimiento en contra del Rey, lo cual no implica que, en el plano del análisis de los hechos, el delito se hubiera cometido.

 

Pero, sin embargo, más desacertado nos parecen los pronunciamientos que, incluso desde instancias del Gobierno se han mantenido -también en conferencias de prensa- cuando se pretendía analizar la situación que se generaría tras el alzamiento de la inviolabilidad a Don Juan Carlos. En concreto, nos referimos a las declaraciones de la Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, cuando sostuvo que «Uno deja de ser inviolable pro futuro, pero eso no priva recuperar responsabilidad a las actuaciones anteriores. Creo que eso es un elemento muy importante a tener en cuenta en este tema». Y es que, es aquí donde, a nuestro criterio, se tambalean los cimientos de la institución. Analizamos a continuación el porqué de esta aseveración.

 

Decíamos anteriormente que no existe lugar a dudas que, por nuestra doctrina, la institución de la inviolabilidad ha sido configurada como una forma de aforamiento. Prescindiendo de términos jurídicos, se trata de un aforamiento absoluto, un blindaje. La cuestión estriba, a nuestro parecer, en esa misma circunstancia. De ser la inviolabilidad una forma absoluta del fenómeno del aforamiento, ésta, necesariamente debe entenderse en términos procesales como una condición de procedibilidad. Éstas, que pueden atender a criterios objetivos -condiciones objetivas de procedibilidad- o subjetivos -condiciones subjetivas de procedibilidad- comportan determinados requisitos impuestos legalmente para que el proceso -por lo que nos ocupa penal- pueda desenvolverse con normalidad, no ya con éxito.

Así, a modo de ejemplo, nuestro ordenamiento dispone como requisito objetivo de procedibilidad para iniciar un procedimiento por denuncia falsa, que haya recaído «sentencia firme o auto también firme, de sobreseimiento o archivo del Juez o Tribunal que haya conocido de la infracción imputada», ex artículo 456 Codigo Penal. Para actuar contra un aforado parlamentario, el suplicatorio.

En torno a este último supuesto ya tuvimos ocasión de pronunciarnos en un trabajo sobre la situación que se genera en orden a la tramitación de un procedimiento penal cuando éste se dirige contra un aforado, según dispone el artículo 666 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su apartado 5º «la falta de autorización administrativa para procesar en los casos en que sea necesaria, con arreglo a la Constitución y a Leyes especiales» como artículo de previo pronunciamiento, y de manera análogamente aplicable, el artículo 786.2 del mismo texto. [consulta aquí el documento Artículos previo pronunciamiento y Cuestiones previas (*.pdf)]

De ser así, esto es, considerada la inviolabilidad real como un requisito subjetivo de procedibilidad que determinaría la imposibilidad de iniciar procedimiento alguno frente al Rey que ostenta la Jefatura del Estado, no cabría sino archivar -penalmente- o inadmitir -civilmente- cualquier procedimiento dirigido contra el Rey durante el periodo en que actúa como tal. Así sucedió con ocasión del Auto de 17 de febrero de 1992, de la Sala Segunda del Tribunal Supremo o del Auto de 28 de febrero de 2006, de la Sala Primera del Tribunal Supremo, en que, entre otros aspectos, inadmite la demanda en virtud del artículo 56.3 CE. En los mismos términos, el Auto del Tribunal Supremo, de fecha 28 de noviembre de 2005, que dispone en su Fundamento de Derecho Segundo que: «Así la persona del Rey no puede someterse a proceso penal – inviolabilidad – formal – por ningún acto tipificado como delito y además , si ese acto es propio de sus competencias como Jefe de Estado estando como tal refrendado , no será delictivo para la persona del Rey – inviolabilidad – material – , por lo que no es superflua la expresión ” y no está sujeta a responsabilidad “, en relación con la subsiguiente referencia al refrendo , como luego se explicita . – Por lo dicho no procede hacer pronunciamiento alguno de competencia en relación con los hechos atribuidos a su persona.»

 

Ahora bien, diferente suerte deben seguir, a nuestro criterio, los procesos que se puedan iniciar frente a quien se le ha alzado la inviolabilidad. Retomando aquí las palabras de la Vicepresidenta del Gobierno -dejar de ser inviolable profuturo-, no es más que una incorrecta interpretación de la figura y las consecuencias jurídico procesales que derivan de las propios requisitos de procedibilidad.

En este sentido, debe señalarse que el tenor de los artículos 130.6 del Código Penal y 131 y 132 del mismo texto. Estos preceptos vienen a consagrar la prescripción como una de las causas que extingue la responsabilidad criminal y los plazos para el cómputo de la prescripción, respectivamente.

Debe igualmente señalarse que, en lo tocante al artículo 132 CP, éste establece con meridiana claridad cuándo deben tenerse por comenzados a computar los plazos de prescripción. Sin embargo, no cabe obviar que la propia esencia de los requisitos de procedibilidad comportan en sí mismo considerados, que la acción reconocida legalmente no pueda comenzar a ejercitarse hasta en tanto se obtenga/cumpla con el requisito al que hace mención. En otros términos, el plazo para ejercitar la acción penal por denuncia falsa,  no podrá ejercitarse hasta en tanto en el procedimiento en cuestión haya recaído Sentencia o Auto de sobreseimiento y fueran estos firmes.

De ser así, los requisitos de procedibilidad conforman, por imperativo legal una especialidad en orden a los plazos que deben tenerse en consideración para apreciar la prescripción del delito. No podrá tenerse en consideración como dies a quo « el día en que se haya cometido la infracción punible», sino que este plazo comenzará a computarse desde que pudo ejercitarse.

Este es el sentido que recoge la Sentencia del Tribunal Supremo 417/2006, de 7 de abril de 2006, en la que al Fundamento de Derecho Tercero se dice: «En los tres motivos discuten la aplicación del instituto de la prescripción para los querellados, Aurelio y Juan Luis, arguyendo que no han trancurrido los plazos de la prescripción, que en la determinación del “dies a quo” de la prescripción no ha de estarse a la presentación de la querella, sino al archivo de las actuaciones, bien porque es en ese momento cuando pudo ejercitarse la acción penal, bien porque el delito es permanente y sus efectos se desarrollan hasta el archivo de la causa, bien porque nos encontramos ante un delito continuado. Se trataría de distintos actos de acusación y denuncia falsa coincidentes con cada actuación procesal de las partes acusadoras.» Continúa señalando que «En consecuencia, el término de la prescripción ha de iniciarse en el momento en que pudieron ejercitar la acción penal, cuando terminó el proceso indebidamente iniciado, bien porque mientras se tramitaba se desarrollaba el delito, a manera de situación permanente de antijuridicidad, bien por la consideración de la concurrencia de la condición de procedibilidad que impide el ejercicio de la acción penal, bien por la pluralidad de conductas de acusación y denuncia falsa, reunidas en su consideración de delito continuado.»

 

Ese mismo parecer es acogido por la Audiencia Provincial de Castellón, en Auto de fecha 25 de octubre de 2010, que recoge literalmente el dictado de la Sentencia antes referida y concluye señalando que «Los recurrentes […] no pudieron ejercitar las acciones penales que les correspondían hasta la finalización de la tramitación de la querella por disponerlo así, de forma expresa, el art. 456.2 del Código penal. En consecuencia, el término de la prescripción ha de iniciarse en el momento en que pudieron ejercitar la acción penal, cuando terminó el proceso indebidamente iniciado, bien porque mientras se tramitaba se desarrollaba el delito, a manera de situación permanente de antijuridicidad, bien por la consideración de la concurrencia de la condición de procedibilidad que impide el ejercicio de la acción penal, bien por la pluralidad de conductas de acusación y denuncia falsa, reunidas en su consideración de delito continuado.»

 

De ser así, resultaría que la imposibilidad operante en virtud del artículo 56.3 de la Constitución Española conllevaría como efecto jurídico que nunca hubiera dado inicio el cómputo de la prescripción de un eventual delito sino desde la fecha en que fue efectiva la abdicación; por ende, la perdida de la inviolabilidad en tanto que Don Juan Carlos ya no ostentaba la Jefatura del Estado. En otros términos, se abriría la posibilidad de someter a enjuiciamiento y que debiera responder por delitos cometidos durante el periodo en que aquél ejercía como monarca; debiendo responder a aquel mandato de:

«Acérquese al micrófono, y diga su nombre para que pueda quedar recogido por el sistema de grabación».

 

Un saludo,

 

Samuel Guerrero Campos

Abogado

@sguerrca

@guerreropenal

www.guerreropenalistas.com

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