Lo cierto es que, centrándonos en el ámbito geográfico que nos ocupa, la propagación del virus ha dado lugar a que se adopten medidas drásticas con el propósito de minimizar el impacto sobre la población derivado del rápido contagio que supone el contacto social.

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Precisamente en el ámbito de las medidas adoptadas, la más evidente para un elevado número de la población es la operada a través del confinamiento. Éste lleva a la población a permanecer en régimen de aislamiento social –salvo que concurran supuestos que eximan de mantener la «reclusión»– y, con ello a pasar un mayor número de horas en nuestro domicilio o lugar en que habitamos.
Lamentablemente, esta circunstancia pandémica tampoco es ajena al mundo de la ciberdelincuencia y, a buen seguro supondrá un hito en las estadísticas anuales una vez realizado el cómputo anual correspondiente, puesto que, como advierten las autoridades, se ha detectado un número creciente de ciberdelitos vinculados al Coronavirus.
En concreto, y por lo que respecta al ámbito de mayor afectación criminal, nos centraremos en la ciberdelincuencia patrimonial; si bien bajo dos modalidades. La patrimonial pura y la vinculada a la extorsión por consumo pornográfico.

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